Luego de la sanción del TAS, la subcampeona olímpica y mundial de marcha Lupita González de México, declaró entre lágrimas de arrepentimiento y admitió que se vio forzada a mentir en su defensa ante la acusación de ingerir la sustancia prohibida trembolona, que la llevó a una suspensión de cuatro años y culminará en noviembre del 2022. La marchista mexicana, denunció penalmente a dos ex colaboradores de la CONADE, por presunta “falsedad de declaraciones”, que la dejará fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
“Mi error fue confiar en la institución CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) que me dijo que mandó a los mejores abogados, los que mejor podían llevar mi caso, pero ni siquiera son expertos en dopaje. Eso fue una mala decisión porque no eran especialistas tuve muchas diferencias con ellos pero se me hizo ver que era la única forma y estoy muy arrepentida. Fue mi inexperiencia y la falta de coraje para defender mi verdad; me faltó carácter porque aunque muchos no creían lo que había pasado, fue peor decir lo que se dijo. Yo no di las ideas y tampoco me pusieron una pistola en la cabeza, pero creía en ellos y me arrepiento de haber contratado a esos abogados”, expresó González Romero.
En noviembre de 2018, durante un campamento de preparación general en Toluca, Estado de México, Lupita recibió a jueces de examen antidoping sorpresa al que dio positivo por la sustancia utilizada para incrementar el volumen muscular. Sin asesoría legal, la mexiquense emitió una comunicación a la Federación Mundial de Atletismo en la que explicó la posibilidad de que la trembolona se encontrara en carne contaminada que consumió, a lo que el organismo respondió que debía demostrarlo en un proceso legal.
Entonces, González solicitó apoyo de la Conade y allí un emoleado de la institución le propuso a Luis Fernando Jiménez Aguayo, quien en colaboración con Víctor Espinoza iniciaron la argumentación de la defensa. De manera alterna, la Federación Mundial de Atletismo solicitó un visor que certificara la veracidad de los dichos y ambas partes visitaron desde locales donde comió Lupita hasta proveedores de carne de esos comerciantes o personas relacionadas con la marchista.
En la audiencia del 17 de abril de 2019, en Londres, Inglaterra, se presentó testimonio hasta de locatarios y en mayo de 2019, Juan Pablo Arriagada, representante de la firma Sports Resolutions, determinó que había contradicciones, mentiras y hasta falsificaciones de documentos por parte de la marchista, quien entonces decidió cambiar de grupo legal por los colombianos Andrés Charria y Victor Delgado.
“Siento mucha decepción porque no me sentí apoyada en ningún momento. No me siento muy bien. Esto es algo muy complicado porque soy una persona que no hice trampa, pero las personas que me recomendó Conade, supuestamente eran los mejores y yo al confiar en ellos fue mi error. Estoy aprendiendo a la mala. Es una experiencia muy difícil, aceptar este castigo es muy duro”, expresó la atleta, quien con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) -donde tiene rango de Teniente de Corbeta- ha continuado su preparación.
Lupita enfrenta ahora una demanda de los abogados que la defendieron en un principio, estimada en los 500mil pesos; sin embargo, ella también los demandó por establecer falsos dichos en su caso. Al estar en medio de estos procesos legales, la atleta se negó a dar nombres de las personas que desde CONADE perjudicaron su defensa ante la acusación y no quiso mencionar el nombre de ninguna persona que trabaja en la institución, para no entorpecer su propia demanda.